IMPLICACIONES DEL RDL 15/2020 EN LOS ALQUILERES DE LOCALES DE NEGOCIO DE AUTÓNOMOS Y PYMES

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01 | CONSIDERACIONES GENERALES

 

En las últimas semanas estamos siendo testigos de distintas fases en la lucha contra el virus, viendo, muchos de nosotros, como se suceden los acontecimientos desde el confinamiento en nuestros domicilios.

 

A las normas restrictivas de la libertad ambulatoria para reducir la movilidad y el riesgo de contagio se han acompañado diversos “paquetes” de medidas económicas y sociales encaminados a: 

  1. Reforzar la financiación de la respuesta sanitaria, tanto en el ámbito de la atención y cuidados como en la investigación.
  2. Mantener las rentas de las familias y trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos.
  3. Garantizar la liquidez de las empresas y apoyar el mantenimiento del tejido productivo.

 

En relación con este tercer punto, es un hecho notorio que la falta de ingresos –o su minoración drástica– durante la vigencia del estado de alarma puede dar lugar a una inmediata incapacidad financiera de muchas empresas y autónomos para asumir el coste fijo u operativo que suponen determinadas obligaciones básicas derivadas de su actividad comercial, como puede ser el pago de las rentas de locales comerciales

En este sentido, la fórmula que se torna más eficiente para dar una solución al problema, como casi siempre, es la basada en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, alcanzando una solución consensuada entre arrendatario o arrendador.

Cuando ello no sea posible el RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo incorpora al Ordenamiento una serie de medidas para reforzar la financiación empresarial y, en lo que a esta nota interesa, aporta una solución ante el inminente riesgo de impagos de las rentas de locales de negocio.

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IMPLICACIONES DEL RDL 11/2020 EN LA ACTIVIDAD ARRENDATICIA DE GRANDES TENEDORES DE INMUEBLES

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01 | CONSIDERACIONES GENERALES

La presente nota tiene por objeto analizar la incidencia en los denominados “grandes tenedores” de inmuebles del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

 

El RDL 11/2020, o “tercer paquete” de medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno persigue dar respuesta a la persistente agravación y profundización de los efectos económicos y sociales excepcionales provocados por la pandemia de COVID‑19.

En particular, la norma contiene un paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en aquellos que más lo necesitan; y, en segundo lugar, la puesta en marcha de un conjunto de medidas de diversa naturaleza con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así como actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.

En lo que aquí interesa, se profundizará en el análisis del Capítulo I “Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables” y, en particular, la sección primera, “medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables”, que incluye las relativas a los contratos de arrendamiento.

 

02 | CONCEPTOS ESENCIALES Y APLAZAMIENTO DEL PAGO
02.01 | SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Debemos partir del concepto de situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de la expansión de la enfermedad COVID-19, pues sólo las personas en tal situación podrán acogerse a los beneficios en materia de arrendamiento de vivienda. Los supuestos de vulnerabilidad requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de los siguientes requisitos:

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COVID-19 en el sector público

Nota Informativa formulada en relación a las disposiciones relativas al Sector Público contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de Medidas Urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 .

 

I.- Antecedentes

En el día de hoy, 18 de marzo de 2020, y ante la situación de emergencia de salud pública, y pandemia internacional, el Estado ha publicado el Real Decreto Ley 8/2020 como continuación del Real Decreto 463/2020, del pasado día 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La norma se justifica por la contención de la progresión de la enfermedad, lo que ya hemos padecido directa y personalmente todos los ciudadanos, pues nos ha supuesto limitaciones temporales a la libre circulación (hoy mismo prorrogadas hasta el 20 de abril), junto con la reducción de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y contención.

La norma se refiere evidentemente y de manera más extensa a las consecuencias laborales, y a las medidas económicas paliativas, así como a la necesaria coordinación con las instituciones y demás países europeos, conteniendo también referencias o determinaciones desarrolladas en otros ámbitos que pasan un poco más desapercibidas que las medidas de tipo social, laboral y obviamente que las puramente económicas.

Como también sabemos, el pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un real decreto-ley para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendría la consideración de incapacidad temporal por accidente laboral, y además, al siguiente día 12 de marzo se adoptó otro real decreto-ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a las familias, y a las empresas directamente afectadas, movilizando ya ciertos recursos económicos, e implementando medidas de liquidez y de reducción de costes de las empresas, especialmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos, y también en el sector turístico.

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