El retraso del Contratista en el pago a sus trabajadores como causa de resolución por la Administración

¿Puede la Administración resolver un contrato por retraso del contratista en el pago a sus trabajadores?

Depende. Desde luego la causa sería bastante inusual por una razón evidente, y es que las causas de resolución que deben estar expresamente previstas en el pliego correspondiente del contrato suelen tener directa relación con la correcta ejecución del contrato, y la causa apuntada parece circunscribirse al ámbito particular de la relación jurídica que une al contratista con los trabajadores adscritos al contrato, resultando a priori un tanto ajena la propia Administración. Habría que analizar cuidadosamente la licitud de dicha causa, siempre partiendo de la premisa que se hubiera incluido expresamente en los pliegos del contrato, y debiendo tener en cuenta que el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores: "La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes". Por lo tanto, y aun suponiendo que la causa fuera licita, no valdría cualquier retraso o demora para sancionar al contratista con la pena máxima de resolución del contrato.

Leer más...

La decadencia del Impuesto de "Plusvalía", ¿novedad o actualidad?

En los últimos tiempos, se habla mucho sobre el impuesto llamado coloquialmente como de la “plusvalía”, es decir, del impuesto que grava el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).

En buena medida, ello ha sido debido a la Sentencia que el Tribunal Constitucional dictó a comienzos del año 2017 (concretamente el 16 de febrero de 2017), referida no obstante a un caso específico contenido en una Norma Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

En síntesis, la controversia analizada por el más Alto Tribunal de nuestro ordenamiento se refiere a la impugnación de dicha Norma Foral por imputar a quienes transmiten un terreno de naturaleza urbana por un importe inferior al de su adquisición, y mediante una ficción legal-, una renta no real, sin posibilidad de articular una prueba en contrario, lo cual no sólo conduce al gravamen de una inexistente capacidad económica, sino que entraña una medida de carácter confiscatorio, y por ende, contraria al artículo 31.1 de la Constitución Española.

Los defensores de la aplicación y legitimidad del impuesto argumentaron ante el Tribunal fundamentos que no difieren en exceso de los mismos que defiende la Administración Pública en el resto de la península.

Leer más...