COVID-19 en el sector público

Nota Informativa formulada en relación a las disposiciones relativas al Sector Público contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de Medidas Urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 .

 

I.- Antecedentes

En el día de hoy, 18 de marzo de 2020, y ante la situación de emergencia de salud pública, y pandemia internacional, el Estado ha publicado el Real Decreto Ley 8/2020 como continuación del Real Decreto 463/2020, del pasado día 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La norma se justifica por la contención de la progresión de la enfermedad, lo que ya hemos padecido directa y personalmente todos los ciudadanos, pues nos ha supuesto limitaciones temporales a la libre circulación (hoy mismo prorrogadas hasta el 20 de abril), junto con la reducción de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y contención.

La norma se refiere evidentemente y de manera más extensa a las consecuencias laborales, y a las medidas económicas paliativas, así como a la necesaria coordinación con las instituciones y demás países europeos, conteniendo también referencias o determinaciones desarrolladas en otros ámbitos que pasan un poco más desapercibidas que las medidas de tipo social, laboral y obviamente que las puramente económicas.

Como también sabemos, el pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un real decreto-ley para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendría la consideración de incapacidad temporal por accidente laboral, y además, al siguiente día 12 de marzo se adoptó otro real decreto-ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a las familias, y a las empresas directamente afectadas, movilizando ya ciertos recursos económicos, e implementando medidas de liquidez y de reducción de costes de las empresas, especialmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos, y también en el sector turístico.

 

La norma publicada hoy pretende reforzar la capacidad de la Administración para reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios, así como la inevitable declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto, adoptando medidas concretas para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, al aseguramiento de suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el abastecimiento alimentario, el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y ciertas medidas también en materia de transportes.

Pero además de acordar la suspensión de plazos procesales y administrativos con carácter general, así como de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, la norma incluye otras determinaciones relacionadas directamente con la Administración en especial en los ámbitos tributarios y de contratación pública.

Así, respecto al ámbito tributario, se habla con carácter general de una flexibilización de los plazos para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, y para facilitar el pago de las deudas tributarias, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

Y en lo tocante al ámbito de la contratación pública, a fin de evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la pandemia, se adoptan medidas para evitar la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público, previendo un régimen específico de suspensión de los contratos.

Asimismo, el Real Decreto-Ley expresa determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones, y asegura también garantizar la adecuada tramitación de los procedimientos ordinarios iniciados en el seno de la Dirección General del Catastro y la atención a los actos de trámite ya dictados a la entrada en vigor del real decreto-ley o que se dicten desde entonces, ampliando con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por ese centro directivo.

Por último menciona medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado, e igualmente se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas, declarando la interrupción del plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso.

II.- Consideraciones específicas respecto al Sector Público.

A la vista de lo recogido en el Real Decreto Ley aprobado con fecha de 18 de marzo de 2020, cabe indicar que las medidas concretas, al menos de momento referentes al Sector Público, se han desarrollado en el Capítulo III de la indicada norma, concretadas casi exclusivamente en medidas tributarias y de contratación pública, sin perjuicio de lo que el Estado pueda determinar y/o desarrollar en normas que vaya dictando posteriormente durante el estado de alarma.

  1. El indicado capítulo comienza (art. 29) con la aprobación de una línea de cobertura económica por medio de concesión de avales (por importe máximo de 100.000 millones de euros) por cuenta del Estado para poder financiar a empresas y autónomos, lo cual requerirá también de cierto asesoramiento jurídico previo para su concesión a la empresa, pues dicha medida queda expresamente reservada al cumplimiento de la normativa vigente en materia de ayudas del Estado.
  1. La norma aborda a continuación (art. 33) las medidas que afectan al ámbito tributario, residenciadas en torno a la suspensión de los plazos, y distinguiendo varias situaciones:

2.1. Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos y trámites (no vencidos a fecha de publicación del Real Decreto-Ley):

  • Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración , en período voluntario .
  • El pago de la deuda tributaria en periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio.
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes telemáticas.
  • Los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.
  • Además, en cualquier procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

2.2. Se amplían los plazos anteriores hasta el día 20 de mayo de 2020 si la AEAT notificara al contribuyente cualesquiera de los anteriormente referidos procedimientos durante el estado de alarma que ha motivado el dictado del RDL 8/2020.

2.3. El periodo de tiempo comprendido entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020, no computará respecto del plazo de prescripción de 4 años previsto en la Ley General Tributaria, que por ello se puede entender igualmente suspendido.

2.4. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período comprendido entre la entrada en vigor del RDL (18/3/2020) hasta el día 30 de abril de 2020.

2.5. Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020.Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor

  1. En el ámbito de cualquier Administración Pública, aunque se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, reanudándose el cómputo de plazos en el momento en que pierda vigencia el presente estado o, en su caso, las prórrogas del mismo podrán determinarse por el órgano competente, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento lo cual es una opción interesante para todos aquellos empresarios y/o autónomos cuyos intereses se ven perjudicados por dicha suspensión a fin de que, con el asesoramiento jurídico pertinente, puedan al menos conseguir que sus expedientes se sigan tramitando durante este periodo de moratoria.
  1. En cuanto a las medidas recogidas en materia de contratación pública (art. 34) se recogen las siguientes:

4.1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

No obstante, el control y cumplimiento de esta situación requerirán igualmente del debido asesoramiento jurídico, así como por la posibilidad de solicitar daños y perjuicios (tales como gastos salariales durante la suspensión, los gastos de mantenimiento de la garantía definitiva, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, o los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato) causados durante el indicado periodo de suspensión, teniendo el contratista un plazo perentorio de 5 días naturales para reclamarlos.

  • La norma también prevé que cuando al vencimiento de un contrato, no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de las medidas impuestas por el estado de alarma, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse la prórroga forzosa prevista en la Ley de Contratos del Sector Público con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
  • En cualquier caso, la suspensión de los contratos del sector público por los motivos del estado de alarma no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

4.2. En los contratos públicos de servicios y de suministro (que no son de prestación sucesiva), cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19, o debido a las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, tendrá derecho a una ampliación del plazo inicial o prórroga en curso por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista solicite otro menor, para lo cual, una vez más requerirá el adecuado asesoramiento jurídico. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista,  ni tampoco la resolución del contrato.

  • En esos supuestos de suspensión del contrato, el contratista también tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, y previo cumplimiento y justificación de los requisitos normativamente establecidos.

4.3. En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor del real decreto ley, si la situación sobrevenida por el COVID 19 genera la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse, cumpliendo y acreditando los requisitos establecidos.

A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.

Para acogerse a dicha posibilidad el contratista dispone de un plazo de cinco días naturales desde que resulte apreciable la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación causante del estado de alarma, debiendo justificar los requisitos exigidos normativamente, y teniendo derecho el contratista, exclusivamente, a reclamar los gastos previstos expresamente en el RDL.

4.4  Por último, en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Dicho reequilibrio, en todo caso, compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de los requisitos establecidos normativamente.

  1. Las medidas prevista en el RDL por el Estado como consecuencia del estado de alarma también serán de aplicación a los contratos, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I  del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero , de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Es cuanto procede informar con carácter general, quedando a la espera y a su disposición para aclararles o ampliarles cualquier detalle relacionado con esta Nota Informativa.

Álvaro Torrecillas:

Madrid, 18 de marzo de 2020.